El precio de la seguridad: El Salvador bajo régimen de excepción
El resultado es un país que parece más seguro, pero a costa de un profundo deterioro de sus instituciones democráticas.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se ha consolidado como uno de los líderes con mayores niveles de aprobación en América Latina, impulsado por una narrativa poderosa: haber resuelto el problema estructural de la violencia de pandillas que durante décadas dominó al país. Su estrategia —el estado de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado de manera reiterada— ha permitido realizar detenciones sin orden judicial ni debido proceso, enfocadas principalmente en jóvenes de sectores empobrecidos. Este modelo, que ha reducido drásticamente los homicidios, ha sido elevado como referente internacional y es hoy citado por actores políticos en toda la región.
Pero esa aparente eficacia oculta una realidad mucho más compleja. La doctora Beatriz Magaloni, junto con el Democracy Action Lab de la Universidad de Stanford, documentó —tras más de cien horas de entrevistas en comunidades urbanas y rurales— un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, muchas de ellas dirigidas contra personas sin vínculos con pandillas.
Estos hallazgos coinciden con las denuncias de organizaciones de derechos humanos: encarcelamientos masivos sin garantías, desapariciones de facto y prácticas de tortura dentro del sistema penitenciario, que Magaloni describe como “un sistema carcelario de terror”. Al mismo tiempo, el país registra la tasa de encarcelamiento más alta del mundo —cercana al 1,9 % de su población—, y se estima que hasta un tercio de los detenidos podría ser inocente.
Lejos de tratarse de una distorsión del sistema, la investigación apunta a una estructura de incentivos que favorece estas detenciones —cuotas para las fuerzas de seguridad, redes de denuncia y beneficios económicos asociados al encarcelamiento—, mientras el régimen se consolida como una herramienta para inhibir la crítica y desarticular a la oposición. El resultado es un país que parece más seguro, pero a costa de un profundo deterioro de sus instituciones democráticas.
A esto se suma una transformación institucional de gran alcance. Como advierten Beatriz Magaloni y Alberto Díaz-Cayeros, El Salvador ha transitado hacia un sistema sin contrapesos, donde los poderes judicial y electoral han sido alineados con el Ejecutivo, se ha habilitado la reelección indefinida y se han erosionado garantías básicas como la presunción de inocencia y el acceso a la defensa legal. En este contexto, la seguridad deja de ser únicamente una política pública para convertirse en el eje de una reconfiguración del poder.
El mayor riesgo, sin embargo, no es solo interno. El modelo Bukele ha comenzado a proyectarse como una solución exportable en una región atravesada por la violencia. Pero la evidencia acumulada sugiere que su eficacia descansa en la erosión del Estado de derecho. La pregunta abierta no es si ha reducido el crimen, sino si ese resultado puede sostenerse sin normalizar la excepción como forma permanente de gobierno.
LAS MADRES HABLAN
Noticias Externas
La periodista Tania Ortiz, colaboradora de Terra 360, elabora cada día esta curaduría de noticias sobre El Salvador, reuniendo y ordenando la cobertura más relevante de la prensa internacional.
