El Museo Nacional de Colombia no tiene dueñxs
Hace cientos de miles de años los seres humanos desarrollamos la capacidad del lenguaje simbólico. Con el desarrollo del lenguaje simbólico, ampliamos nuestra capacidad para aprender, almacenar información y transmitirla a generaciones futuras. Por ello, un museo no solo almacena objetos, sino las posibilidades de conocer e interpretar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. De ahí que las decisiones que se tomen sobre sus colecciones sean tan importantes: no solo porque se trata de qué historia nos contamos a nosotros mismos, sino porque son de carácter público.
El ejercicio del poder público no puede justificarse únicamente apelando a las convicciones particulares de quienes lo ejercen, es decir, las convicciones políticas y morales del gobierno de turno no pueden establecerse automáticamente como criterios de verdad para toda la ciudadanía. Las decisiones que afectan a instituciones comunes necesitan razones que puedan someterse a discusión pública.
No es cierto que las piezas hayan sido impuestas por el gobierno anterior. Su incorporación al Museo Nacional de Colombia fue resultado de un proceso de investigación, discusión y construcción colectiva que duró diez años. De hecho, las salas intervenidas no fueron creadas exclusivamente durante el gobierno de Gustavo Petro. Estas se concibieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos y se inauguraron durante el de Iván Duque. Así que no estamos ante una imposición de la “izquierda” como ha argumentado De La Espriella, sino ante el resultado de un proceso institucional que buscaba ampliar las voces representadas en la historia nacional.
Ahora bien, el retiro de ellas estuvo rodeado de irregularidades. Aunque la ministra de Cultura ha sostenido que la decisión respondió a un cambio en el guion curatorial del Museo Nacional, lo cierto es que, al momento de retirar las piezas, no se había dado a conocer públicamente ningún nuevo guion ni una evaluación técnica que justificara las modificaciones. Esto pone en entredicho la explicación ofrecida por la ministra, pues ¿cómo puede justificarse el retiro de unas piezas a partir de un nuevo guion curatorial si este ni siquiera había sido presentado?
Se trata, entonces, de algo más. No estamos discutiendo únicamente sobre unas salas en el Museo Nacional, sino bajo qué condiciones una autoridad puede intervenir en la construcción de nuestra memoria colectiva.
Que un gobierno haya sido elegido democráticamente no significa que sus decisiones representen los intereses del total de la ciudadanía. Mucho menos que pueda convertir sus convicciones en criterios para determinar qué acontecimientos, experiencias y movimientos sociales merecen formar parte del relato nacional.
La democracia no exige que compartamos las mismas convicciones, pero el desacuerdo con una determinada representación histórica no constituye, por sí solo, una razón suficiente para excluirla de una institución pública. Escuchar al pueblo, aunque no se esté de acuerdo con una parte de, es una función de cualquier gobierno.
Y esto me lleva a algo que me preocupa aún más y que no es exclusivo de este gobierno. Durante años hemos visto dirigentes políticos que confunden el ejercicio del poder con la posesión de la verdad. Convencidos de que tienen la razón, toman decisiones sin mostrar suficiente disposición a escuchar, contrastar opiniones o reconocer que pueden equivocarse.
Pareciera que llegar al poder les concede una suerte de superioridad sobre los demás, asumiendo que lo que creen es lo correcto y que las decisiones que toman son las mejores para el beneficio del país, pero no es así. Tener la facultad de tomar una decisión no significa que esa decisión sea correcta, ni que esté justificada.
Hemos normalizado una forma muy específica de ejercer el poder, en la que reconocer los errores se interpreta como debilidad y escuchar a quienes piensan diferente como concesión. Y no sé ustedes, pero yo estoy cansada de esta actitud. Gobernar no debería tratarse de quién tiene la razón, sino de tomar decisiones informadas, responsables y susceptibles de revisión.
Al presidente, a la ministra, y a otros tantos que los han antecedido, pareciera olvidárseles algo fundamental: no son dueños del Estado ni de sus instituciones, son servidores públicos. Por lo tanto, su responsabilidad no reside en imponer certezas personales sino en ejercer una autoridad que proviene de la ciudadanía y que debe responder ante ella.