Cómo Estados Unidos está interfiriendo en las elecciones de Brasil.
Estados Unidos tiene una estrategia definida para interferir en las elecciones de América Latina, y la contienda en Brasil se está llevando a cabo en condiciones anormales.
de Natalia Fingermann y Rafael Ioris
Tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones de 2026, la mayoría de los periodistas comentaron los errores en la campaña de Lula, mientras que numerosos influencers propusieron mejores estrategias para amplificar la voz de la izquierda en las redes sociales. Aunque estos puntos son importantes y deberían tenerse en cuenta por el equipo de campaña del Partido de los Trabajadores (que apoya la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva), se pasa por alto el hecho de que las elecciones se llevaron a cabo en un contexto de anormalidad institucional. Esto se debe a que, por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos tiene una estrategia explícita para interferir en las elecciones latinoamericanas, basada en la “Doctrina Monroe”.
Este enfoque de la política exterior se basa en tácticas que se emplean habitualmente en esquemas de “guerra híbrida”. La primera táctica es la más evidente, ya que utiliza diversas formas de coerción, a menudo para desviar la atención de lo que realmente está ocurriendo. La segunda es menos llamativa y se basa en canales intermedios para difundir desinformación. La tercera táctica es casi invisible, ya que se dirige específicamente a personas susceptibles a cambiar su comportamiento en las urnas. Hoy en día, este proceso se lleva a cabo en gran medida a través de medios digitales.
1 – Presión explícita
La primera táctica se demostró con mayor claridad mediante la imposición de nuevos aranceles aduaneros en julio de 2025, como una forma de represalia por la condena de Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado. Según la narrativa que Estados Unidos intentó imponer, el “gobierno de Brasil ha acusado injustamente a Bolsonaro de múltiples delitos relacionados con la segunda vuelta de las elecciones de 2022, y el Tribunal Supremo de Brasil ha decidido erróneamente que debe ser juzgado por cargos penales sin fundamento”.
No resultó como esperaba la Casa Blanca; la administración de Lula logró contrarrestar la narrativa a nivel nacional, demostrando que Estados Unidos estaba vulnerando la soberanía brasileña. En consecuencia, el Departamento de Estado se vio obligado a replantear su estrategia y desarrollar nuevas tácticas en la misma línea, pasando del ámbito económico al político, con un enfoque explícito en el Tribunal Supremo, en particular mediante la aplicación de la Ley Magnitsky contra el juez Alexandre de Moraes.
Posteriormente, la administración de Donald Trump intensificó esta línea de ataque cuando el Departamento de Estado designó a organizaciones criminales, como el PCC y el Comando Vermelho, como grupos terroristas capaces de amenazar a los Estados Unidos. Esta medida fue, sin duda, más acertada, ya que no desafió abiertamente la política económica ni cuestionó la autonomía del poder judicial nacional. Además, tuvo una resonancia directa en la opinión pública brasileña, que considera la violencia y la seguridad pública como el problema más acuciante del país. Aunque no se declaró explícitamente, esta decisión señaló un apoyo a la campaña de Flávio Bolsonaro, con la implicación de que la Casa Blanca estaba dispuesta a ayudar a una posible administración liderada por él en la lucha contra el crimen en Brasil, y de esa manera, a encubrir lo que, en realidad, era un claro ejemplo de injerencia externa.
Además, Estados Unidos ha puesto en la mira a Pix, el principal procesador de pagos de Brasil, que fue lanzado por el Banco Central de Brasil en 2020. Desde entonces, Pix se ha convertido en el método de pago más popular del país, superando incluso al efectivo. El gobierno de Estados Unidos alega que Pix está involucrado en prácticas comerciales desleales, argumentando que los procesadores de pagos estadounidenses están sufriendo pérdidas financieras debido a la popularidad de la plataforma.
Más recientemente, el Departamento de Estado de los EE. UU. reforzó la idea de una amenaza terrorista descontrolada en Brasil al decidir cerrar su embajada y sus consulados en vísperas de la primera vuelta de las elecciones. Esta medida, que carecía de cualquier base en la realidad, contó con el apoyo de Australia y sembró el terror psicológico, alimentando la especulación de que Estados Unidos podría cortar los lazos si Lula fuera reelegido. Si bien es algo sin precedentes, un desarrollo de este tipo, por dramático que sea, haría eco de la revocación de la visa que tenía la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Viotti, en agosto de 2026. En resumen, actualmente parece que Estados Unidos está dispuesto a emplear diversas medidas para garantizar que se elija en Brasil un gobierno alineado con sus intereses en América Latina.
2 – Acciones con un menor grado de visibilidad
La segunda táctica que Estados Unidos ha empleado para imponer sus intereses en las elecciones brasileñas es menos visible y opera a través de canales indirectos, concretamente, mediante la financiación de organizaciones no gubernamentales destinadas a desestabilizar el país. Este enfoque implica dos casos notables, tal como lo detalló recientemente el periódico brasileño Folha de S.Paulo y el periódico británico The Guardian.
El primer informe se refiere a la asignación de recursos financieros a la ONG conservadora “Rockbridge Network”, cofundada por el vicepresidente JD Vance y el empresario Chris Buskirk. Según el informe, la misión de Rockbridge era establecer operaciones en Brasil para capacitar a jóvenes líderes de extrema derecha, desarrollar medios de comunicación e influir en la actividad legislativa. El segundo informe aborda otro caso clásico de guerra híbrida: el canalización de fondos a una organización no identificada encargada de desestabilizar la Corte Suprema. Si bien los detalles precisos siguen siendo escasos, se sabe que el escándalo de “Banco Master” se dirigió contra miembros clave de la Corte Suprema durante el mes de las elecciones, en septiembre, desviando efectivamente la atención de cualquier posible participación de Flávio Bolsonaro en lo que fue el mayor caso de corrupción del país.
La política de desestabilización institucional dirigida a la Corte Suprema resultó eficaz, aunque el proceso se detuvo abruptamente una vez que comenzó a implicar directamente a los aliados de Bolsonaro, personas que actualmente ocupan los cargos de presidente y vicepresidente del Tribunal Superior Electoral: Kassio Nunes y André Mendonça. Tras este período de desgaste político, las críticas internas dentro del Tribunal con respecto a los cambios en la ubicación de los centros de votación durante las primeras y segundas rondas de votación, así como la lenta respuesta a la propagación de las «noticias falsas», fueron efectivamente silenciadas. Esto incluso llevó a una moderación en la postura del juez Alexandre de Moraes, cuya propia familia había estado directamente implicada en el escándalo.
3 – La táctica invisible, predecible y eficaz de los algoritmos
La tercera y última táctica implica la difusión selectiva de noticias falsas, diseñadas específicamente para los perfiles de usuario identificados por algoritmos, con el objetivo de influir en las personas que aún no han decidido a qué candidato apoyar, o incluso si deben presentarse a votar el día de las elecciones. Tras la suspensión injustificada de cuentas pertenecientes a medios de comunicación e influencers de izquierda, el bloqueo temporal de las páginas del presidente Lula y sus aliados, la eliminación de publicaciones veraces y el uso del “shadowbanning”, que reduce la visibilidad de una cuenta o publicación sin notificar claramente al usuario, la campaña de Lula denunció a la plataforma Meta ante la Organización de los Estados Americanos tras la primera vuelta de las elecciones.
Informes de la organización de noticias brasileña Agência Pública destacaron varios casos en los que Meta impuso bloqueos sin ninguna justificación legítima. También revelaron que un número importante de anuncios se pagó a Meta en dólares estadounidenses, una práctica que viola las regulaciones electorales brasileñas. Otro artículo, publicado por la BBC, detalló cómo un grupo de baile infantil ugandés, “Hypers Kids Africa”, que se había presentado durante la Copa del Mundo, promocionó la campaña de Bolsonaro a cambio de 120 millones de tokens “$B22”, activos digitales que se pueden transferir e intercambiar por dinero en efectivo, sin que el grupo tuviera conocimiento de lo que esto implicaba en realidad.
Finalmente, los informes de los medios revelaron que la inteligencia artificial de Meta fue entrenada para generar materiales de campaña para Flávio Bolsonaro, al tiempo que se negaba a realizar las mismas tareas para la campaña del presidente Lula. Un análisis publicado por Agência Pública, basado en una investigación de la ONG CTRL+Z, señala un impulso significativo para la campaña de Flávio Bolsonaro, que experimentó un mayor número de seguidores y un compromiso sustancialmente mayor que la campaña de Lula en el período previo a las elecciones. De manera similar, según informó el sitio web Panamerican Dispatch, se pagaron al menos 1069 anuncios que mencionaban al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva o a su oponente, Flávio Bolsonaro, en dólares estadounidenses en Facebook, Instagram y Threads. Los datos de la Biblioteca de anuncios de Meta, analizados por la periodista Aline Melo de Agência Pública, revelan que estos anuncios costaron al menos 120 800 dólares estadounidenses. Además, según la misma fuente, se ofreció criptomoneda a los usuarios que compartieron contenido en las redes sociales que alentaba a votar por el candidato presidencial Flávio Bolsonaro.
La iniciativa se llama “B22”, en referencia al apellido del senador y a su número en la papeleta. Según el sitio web, la moneda digital se distribuye a las personas que promocionan el proyecto en las redes sociales. Parte del contenido promocional incluye videos que vinculan explícitamente la compra o el intercambio del token con el apoyo a Flávio Bolsonaro en las urnas.
Por último, vale la pena señalar —aunque el enfoque de este artículo es la injerencia de los Estados Unidos— que la campaña de Flávio Bolsonaro, que claramente se inspiró en las acciones de actores con sede en los Estados Unidos, lanzó una operación clandestina para identificar a los votantes, crear cuentas falsas y difundir información falsa, en colaboración con una empresa que vende sistemas basados en inteligencia artificial diseñados para manipular elecciones en el extranjero.
Nunca ha existido una potencia hegemónica que careciera de métodos sofisticados para imponer su voluntad en todo el mundo. Incluso mientras se enfrenta a una crisis cada vez mayor, la hegemonía de Estados Unidos continúa utilizando una gama cada vez más diversa de herramientas, que van desde la coerción económica y la influencia política hasta la manipulación digital, para mantener sus esferas de influencia. En ninguna parte del mundo esto es más evidente que en América Latina, tanto desde una perspectiva histórica como en la actualidad, como se puede observar en el resurgimiento de una política exterior basada en la Doctrina Monroe. Por eso, las elecciones de este fin de semana son tan importantes y trascendentales. Más que una simple contienda entre dos agendas políticas, sirven como prueba de la soberanía brasileña y de la capacidad de nuestra democracia para resistir la presión de una potencia extranjera. En última instancia, lo que está en juego no es solo la preservación de nuestra democracia, sino también los límites de la injerencia de Estados Unidos en el futuro de América Latina y, por extensión, de todo el Sur Global.
Natalia Fingermann es profesora de Relaciones Internacionales en la ESPM de São Paulo.
Rafael Ioris es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Denver.
Este artículo se publicó por primera vez en Le Monde Diplomatique. Hasido traducido por Panamerican Dispatch con autorización y puede leerse en su versión original en portugués aquí.