María la Baja: sembrar para existir 

Fotos Manuel Ortiz Escámez

En los territorios negros del Caribe colombiano, la democracia no se vive: se persigue. Aparece lejana, frágil, a veces como un rumor que llega desde las grandes ciudades, sobre todo cuando su posibilidad está atravesada por el acceso —históricamente negado y disputado— a la tierra. Aquí, la democracia no se mide solo en elecciones, sino en la posibilidad concreta de sembrar, quedarse y sostener la vida.

El poblado de María La Baja queda a poco más de una hora de Cartagena de Indias, unos sesenta kilómetros hacia el sur, siguiendo la carretera que atraviesa Turbaco y Arjona. Desde la ciudad que no duerme —puerto colonial, destino turístico y escenario habitual de grandes conferencias internacionales— el paisaje cambia con lentitud: el cemento cede al monte, el tráfico al polvo, el mar a los cuerpos de agua dulce que alimentan los Montes de María. 

Y es que, Cartagena, que durante la colonia fue uno de los principales puertos esclavistas de América, sigue siendo actualmente un nodo global. María La Baja, en cambio, carga las consecuencias históricas de esa conexión.

Allí, donde el territorio no es solo espacio físico sino memoria, sustento y vida familiar, las promesas de los Acuerdos de Paz de 2016 y del propio Estado democrático chocan con prácticas cotidianas de exclusión, despojo y silenciamiento. Esa distancia entre la promesa y la vida no es abstracta: tiene fecha, lugar y cuerpos concretos.

Un grupo conformado por integrantes del Laboratorio de Democracia en Acción de la Universidad de Stanford (los investigadores Beatriz Magaloni, Alberto Díaz y el periodista y fotógrafo documental Manuel Ortiz), así como la abogada Dayana Mosquera, de la organización internacional de derechos humanos Global Exchange, salimos de Cartagena a las 4:30 de la mañana. A esa hora la ciudad apenas bosteza, mientras los autobuses nocturnos regresan y los primeros camiones de carga toman la carretera. 

El trayecto atraviesa Turbaco y Arjona y, poco a poco, el asfalto se estrecha. A las seis en punto llegamos a un lugar conocido como La Curva, un espacio neurálgico que conecta a Cartagena con el Piedemonte negro de los Montes de María. El aire olía a tierra húmeda. Allí nos esperaba Fulgencio Batista, defensor de derechos humanos, con una rula (tipo de cuchillo largo utilizado para labores agrícolas) en la mano y su hijo montado en una moto. Mientras sostenía la herramienta con la derecha, con la izquierda señaló el camino. No hizo falta decir nada más.

Ese lunes 26 de enero, cuarenta y dos familias campesinas afrodescendientes de María La Baja decidieron ingresar, por segunda vez, a un predio que consideran suyo, luego de esperar once años a que las entidades del Estado atendieran su reclamo por un baldío de la nación.

En Colombia, las tierras baldías son aquellos territorios del Estado destinados a campesinos pobres, familias indígenas, pueblos afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. La ley agraria prohíbe su acumulación y regula su venta para evitar que queden en manos de terratenientes. 

La acción no fue impulsiva ni clandestina: fue el resultado de años de trámites, promesas incumplidas y expedientes archivados. En ausencia de respuestas, las familias volvieron a habitar el lugar que la norma y la historia les habían señalado, convirtiendo la recuperación de la tierra en un acto concreto de democracia territorial, en tiempos en los que se insiste en reducir la democracia al gesto de meter el voto en una caja electoral.

Ese gesto —volver a la tierra— no ocurrió en el vacío. En María La Baja, organizarse tiene consecuencias. Fulgencio Batista habla con la calma de quien ha aprendido a medir las palabras en un territorio donde hablar tiene consecuencias. 

Mientras explica cómo los panfletos circulan y las amenazas se vuelven parte del paisaje cotidiano, su voz no se eleva: describe. Cuenta que a quienes se organizan o insisten en asociarse y en discutir el rumbo político del país, se les señala como objetivos militares. No lo dice como advertencia, sino como un hecho que afecta la vida colectiva, la participación política y el ánimo de quienes no siempre tienen la misma gallardía para resistir el miedo. Aun así, insiste en la importancia de cuidar el proceso electoral, de seguir apostándole a las ideas que —desde su experiencia— han abierto alguna posibilidad de justicia para el campesinado.

Las familias de la Asociación de Campesinos Afrodescendientes de Maria la Baja (ASOCAAFRO) ponen en diversas palabras el clima de amenaza que rodea la organización, la participación política y especialmente reclamar tierras públicas en la zona; hombres y mujeres anclan ese temor en una historia más larga, hecha de retornos truncados, armas levantadas y un Estado que, incluso cuando reconoce derechos, no siempre garantiza el acceso a la tierra.

Manuel Ayala, miembro activo de la organización, habla desde la memoria acumulada por la siembra en estas tierras. Recuerda que no es la primera vez que intentan volver: han sido desplazados tres veces, encañonados y señalados como invasores por trabajadores del grupo empresarial Oleoflores S.A.S. En una de esas ocasiones, dice, incluso la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT) fueron apuntados con armas. Todavía resuena la escena en la que una directora estatal corrigió en voz alta la acusación: ellos no eran invasores, sino quienes ocupaban una propiedad privada del Estado; un Estado que, en palabras de Manuel, pertenece al campesino que la trabaja. Desde entonces, el acceso a La Franja —como llaman al predio— ha sido un caos, una sucesión de prohibiciones, vigilancias y retornos frustrados. Incluso ahora, que apenas regresaron, dos personas fueron enviadas a observar qué se hacía dentro del predio.

Manuel no habla de confrontación. Insiste en el diálogo, en las garantías, en la necesidad de que las instituciones “se toquen el corazón” y miren a los campesinos como lo que son: quienes sostienen la alimentación de las ciudades, del país y más allá de sus fronteras. Su relato no busca épica, sino legitimidad. No corren —dice— para que los golpeen o les tomen fotos; quieren hacer las cosas bien, sin ejercer violencia, amparados en una ley que, por primera vez en mucho tiempo, sienten que los protege. Se refiere a la Ley 160 de 1994, mediante la cual el Estado colombiano estableció que los baldíos de la nación deben destinarse prioritariamente al acceso de comunidades étnicas, campesinas y rurales que carecen de tierra o la poseen de manera insuficiente.

Para llegar a La Franja hay que escoger entre dos caminos, y ninguno es neutral. Uno es una carretera destapada construida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) a comienzos de los años setenta, cuando el Estado levantó el embalse de Arroyo Matuya y reorganizó el territorio bajo la promesa del riego y el desarrollo agrícola. El otro es más antiguo, el viejo camino real que usaban los habitantes del desaparecido pueblo de Nomembrone, hoy sumergido bajo las aguas del embalse. Ese mismo sendero, abierto a fuerza de pasos, animales y memoria, es el que hoy recorren nuevamente las familias afrocampesinas. Antes de internarse en él, aparece otra marca de poder: Hacienda La Candelaria, hoy cubierta de palma africana, referencia obligada para ubicar la entrada a estas tierras en disputa. Aquí, la geografía no es paisaje, es historia superpuesta. Y la palma, más que un cultivo, es la huella visible de una economía que llegó para quedarse.

Pero La Franja y otras zonas de María La Baja son codiciadas por otra lógica. Desde 1998, el monocultivo de palma avanza de la mano del control del agua. El aceite producido aquí termina en cadenas globales que abastecen marcas como Unilever, Nestlé o McDonald’s. Una disputa local por la tierra se conecta así con mercados que rara vez miran su origen.

La palma africana no se siembra aquí por casualidad. De su fruto se extrae un aceite versátil y barato que atraviesa la vida cotidiana global: está en margarinas, galletas, chocolates, cereales, jabones, cosméticos, detergentes, velas, lubricantes industriales y biocombustibles. Es un insumo clave de la industria alimentaria y química contemporánea, apreciado por su estabilidad, su alto rendimiento por hectárea y su capacidad de adaptarse a cadenas de producción a gran escala. Pero para que esa eficiencia funcione, la palma necesita condiciones muy precisas: grandes extensiones continuas de tierra, acceso permanente al agua y control del territorio. 

En María La Baja, el distrito de riego, el embalse de Arroyo Matuya y las tierras planas y fértiles convirtieron este paisaje campesino y afrodescendiente en un enclave ideal para el monocultivo. Así, lo que para las familias es territorio, memoria y futuro agrícola, para el mercado global del aceite es infraestructura productiva: una plataforma hídrica desde la cual se alimentan fábricas, marcas y consumidores que rara vez saben de dónde viene el aceite que usan a diario.

Ese día, antes de que el sol terminara de levantarse, el camino volvió a llenarse de cuerpos. Hombres y mujeres avanzaron con machetes al hombro, botellas plásticas reutilizadas para cargar agua y algunas mulas que ayudaban a llevar lo indispensable. No había prisa, pero tampoco duda. Madrugar no era solo una estrategia práctica para evitar el calor: era una ética campesina, una forma aprendida de trabajar la tierra cuando todavía el día está fresco y el monte cede mejor. Al llegar, comenzó la labor: tumbar el monte, limpiar, marcar las primeras zonas agrícolas. Nadie daba discursos. El gesto era claro y repetido, como si el cuerpo recordara solo lo que había que hacer. Recuperar la tierra empezaba por volver a tocarla.

Desde la década de 1970, estas tierras han sido ocupadas por empresarios y, desde 2004, permanecen bajo el control del empresario palmero Carlos Murgas. La Franja está rodeada por las aguas del distrito de riego —adquirido por el INCORA en 1971— y se ha convertido en el escenario de una disputa prolongada entre la promesa institucional, reactivada tras los Acuerdos de Paz, y la acción colectiva como forma de ejercer una democracia que, en estos territorios, sigue dependiendo del acceso real a la tierra.

Esa promesa tiene nombre y fecha: el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno colombiano y las extintas FARC-EP después de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba. El pacto busca cerrar más de cinco décadas de guerra interna y está organizado en seis grandes ejes, entre ellos la Reforma Rural Integral, la participación política, la dejación de armas y la justicia transicional para las víctimas del conflicto. 

Uno de los pilares más relevantes para comunidades afrodescendientes y rurales como las de María La Baja es la Reforma Rural Integral (RRI), concebida en el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP y diseñada para transformar estructuralmente las condiciones del campo y abordar las causas estructurales de la violencia en Colombia. Esta reforma no es solo un ideal: plantea acciones concretas para democratizar el acceso a la tierra mediante la creación de un Fondo de Tierras destinado a dotar gratuitamente de tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; promueve el otorgamiento de subsidios y créditos, la formalización de la propiedad rural y la desconcentración de la tenencia de la tierra, junto con el desarrollo de infraestructura, asistencia técnica y programas productivos con enfoque territorial. La RRI también incluye políticas de desarrollo social y seguridad alimentaria para reducir la pobreza rural y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. 

En teoría, la RRI no solo aspira a distribuir tierra, sino a garantizar su uso productivo y sostenible, reduciendo la pobreza rural y promoviendo la igualdad de derechos para campesinos, comunidades étnicas y poblaciones históricamente excluidas. Sin embargo, a pesar de los avances formales en la implementación —con millones de hectáreas adjudicadas y procesos de formalización en marcha— el acceso real a la tierra en María La Baja sigue siendo desigual y lento en las regiones afectadas por el conflicto armado. Entre ese lenguaje técnico de la paz y la vida concreta del campo se abrió una brecha que no se mide en informes, sino en años.

Durante más de una década, las familias de Asocaafro hicieron de la espera una rutina. Arrendaron tierras para cultivar, se desplazaron de un lado a otro, sostuvieron sus hogares sin un lugar propio donde sembrar sus propios alimentos. Esperar no fue pasividad, sino una forma prolongada de resistencia cotidiana.

En paralelo, el camino institucional avanzaba a trompicones: cartas radicadas, reuniones con actas, promesas con fechas que nunca se cumplían. En nombre de la Reforma Rural Integral, las familias escucharon anuncios reiterados sobre acceso a la tierra que no llegaron a materializarse. Mientras los expedientes se estancaban, la empresa Oleoflores —un grupo agroindustrial colombiano fundado por la familia Murgas, dedicado al cultivo, procesamiento y comercialización de palma de aceite y vinculado desde hace décadas al poder político y económico a nivel nacional— empezó a señalarlos como invasores y a abrirles procesos judiciales por presuntos delitos ambientales. Años después esos casos fueron archivados por falta de pruebas, pero el efecto ya estaba hecho: la judicialización operó como un mecanismo de desgaste y criminalización.

La disputa no ha sido solo local ni legal: comunidades negras y campesinas de Montes de María han presentado una queja formal ante la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) contra Oleoflores por presuntas violaciones de derechos humanos y daños ambientales ligada a sus operaciones en la región. La denuncia —respaldada por organizaciones como Forest Peoples Programme— acusa al conglomerado de despojo territorial, expropiación de tierras, deforestación, privatización ilegal de recursos comunitarios y caminos, así como estigmatización, criminalización e intimidación de personas defensoras de derechos humanos. Las comunidades argumentan que, pese a los compromisos públicos de la empresa con estándares de sostenibilidad, estos abusos han persistido y vinculan la expansión de la palma con la negación de acceso al agua y a formas tradicionales de uso de la tierra para campesinos y pobladores afrodescendientes, además de generar enormes ingresos para la empresa, ha empujado procesos de exclusión y tensiones sociales en una región marcada por siglos de desigualdad y conflicto.

Así, la vida para las familias de Asocaafro continuó dependiendo de un territorio cercado por la palma y por el miedo. A esa geografía material se sumó otra, más difusa pero igual de determinante: la incertidumbre que traían los funcionarios del Estado, donde las respuestas cambiaban y las soluciones se aplazaban.

No obstante, la espera no fue estéril. En 2022, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) reconoció que La Franja es un baldío de la nación sobre el cual la comunidad ha ejercido usos y costumbres. Ese Estudio Preliminar abrió la puerta a la recuperación administrativa del predio y convirtió a esta institución en la primera a nivel estatal en señalar oficialmente su naturaleza jurídica, junto a otras evidencias que apuntaban en la misma dirección.

La respuesta, sin embargo, nunca llegó.

Con ese reconocimiento en la mano y el silencio institucional como telón de fondo, en un inicio de año marcado por elecciones, polarización y discursos que cuestionan la jurisprudencia agraria, las familias decidieron volver. Las movía, ante todo, la urgencia de sembrar para sostener la vida. Lo que esperan sembrar no es una novedad. Yuca, arroz criollo, ñame, maíz, patilla: alimentos que han sostenido la vida afrodescendiente por generaciones y que hoy circulan como parte de una diáspora alimentaria, aunque sus cultivos locales hayan sido marginados. Sembrarlos de nuevo es reactivar memoria.

La Franja tampoco está aislada. Sus cultivos alimentan barrios periféricos de Cartagena a través de circuitos informales. Recuperar la tierra es también disputar quién alimenta la ciudad.

Mientras los campesinos avanzaban, uno de los guardias recibió una orden por radio: “No se le olvide, quiero videos y fotos de todos”.

Todo esto ocurre mientras Cartagena se prepara para recibir la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), que se realizará del 24 al 28 de febrero de 2026 y reunirá a más de 1.500 delegados de cien países para hablar de redistribución justa de la tierra, justicia de género, sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria.

A pocos kilómetros de allí, en La Franja en María La Baja, la democracia y la redistribución de la tierra se ejercen de otra manera: con cuerpos caminando al amanecer, machetes abriendo monte y familias sembrando futuro. Aquí, votar o sostener largas conferencias no basta. La democracia también se cultiva. Y en ese gesto cotidiano, la reforma agraria deja de ser un relato lejano: la tierra baja del papel, llega a las manos y se vuelve vida compartida. No es mito ni consigna, es el suelo que sostiene a pueblos y familias enteras.