El último latido de la paz, los Montes de María en Colombia
Fotografías por Manuel Ortiz Escámez
Cartagena despierta cada día frente al Caribe como una ciudad que sabe que el mundo la mira. Entre murallas antiguas y balcones coloniales, encarna la imagen más reconocible de Colombia: color, música, historia, belleza. Pero a apenas dos horas por carretera, el país cambia de rostro. La brisa salada se vuelve polvo caliente; las calles empedradas dan paso a trochas abiertas. Allí, en los Montes de María, Colombia deja de ser postal y se revela como un territorio marcado por la violencia, que todavía busca cerrar sus cicatrices.
El día empieza antes del sol en los Montes de María. El calor se anuncia temprano y el Camino Real, convertido en trocha destapada, obliga a avanzar despacio. No es solo una vía de tierra que conecta María La Baja con San Jacinto. Es una cicatriz abierta por décadas de abandono, guerra y despojo. Une territorios campesinos, y afrodescendientes que han resistido a masacres, desplazamientos y la expansión de monocultivos. Aquí el Estado llega tarde. La comunidad llega primero.
Por esa trocha avanzan Aura Camargo y Geovaldis González, candidatos a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 8 (CITREP). No representan a un partido político tradicional. Representan una promesa que está por expirar.
La representación que tiene fecha de cierre
Para entender lo que ocurre aquí, hay que explicar algo que no existe en otras democracias del mundo: la CITREP.
Nacieron del Acuerdo Final firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, tras un conflicto armado que se extendió por más de cincuenta años y dejó millones de víctimas. El acuerdo creó dieciséis curules en la Cámara de Representantes reservadas exclusivamente para víctimas del conflicto en las regiones más golpeadas por la guerra. Se trata de una medida excepcional de reparación política: quienes sufrieron directamente la violencia pueden ocupar un escaño en el Congreso.
Pero hay algo crucial que el mundo debe entender: estas curules tienen fecha de vencimiento. Solo existen durante dos períodos legislativos. Este será el último. Después de 2030, las víctimas ya no tendrán representación directa garantizada en el Congreso colombiano.
Geovaldis lo explica con precisión mientras caminamos:
“Nosotros estamos participando como candidatos en la circunscripción 8 de Montes de María. Las duplas deben estar conformadas por un hombre y una mujer, y deben estar avaladas por una organización de base del territorio. En nuestro caso estamos avalados por Coagropel, una cooperativa de la vereda La Pelona, en San Onofre. Esa cooperativa debe tener mínimo cinco años de existencia, ser del territorio y estar conformada por víctimas del conflicto”.
No se trata de un aval burocrático. Es un respaldo comunitario.
Aura amplía el contexto:
“El Acuerdo de Paz en Colombia plantea varios puntos fundamentales. El primero aborda la reforma agraria, reconociendo que uno de los factores persistentes del conflicto armado ha sido la tierra y el uso del territorio. Por eso el primer punto se enmarca en la reforma rural integral.
Sin embargo, una de las grandes deudas históricas del país ha sido la democracia y la participación. Entendiendo la democracia como la posibilidad de servir y transformar a partir de la participación ciudadana y comunitaria en los espacios de toma de decisión.
De ahí nace el punto dos del Acuerdo, que aborda la participación política, incluyendo de manera especial a las víctimas que sufrimos afectaciones particulares en el marco del conflicto armado, no solo por las FARC, sino también por grupos paramilitares. En ese punto se crean las Curules Especiales Transitorias de Paz, conocidas como CITREP”.
Sin embargo, incluso esta forma alternativa de representación enfrenta obstáculos. Las comunidades denuncian que clanes políticos tradicionales han respaldado candidatos que responden a sus intereses y no necesariamente a los de las víctimas. Además, el día de las elecciones el votante debe pedir expresamente el tarjetón de la CITREP; no se entrega automáticamente. En zonas rurales donde la pedagogía electoral sigue siendo limitada, ese detalle puede terminar definiendo los resultados.
Un territorio marcado por la muerte
Montes de María no es un territorio cualquiera. Aura nos cuenta que, entre 1996 y 2002 se registraron 120 masacres. Más del sesenta por ciento de las tierras fueron despojadas. Cerca del noventa por ciento de la población rural fue desplazada.
Se configuró lo que hoy se conoce como la ruta de la muerte: las masacres de El Salado, Chengue, Macayepo, Las Brisas. No fueron solo cifras. Fueron actos de sevicia que rediseñaron el mapa humano de la región.
Aura lo dice sin rodeos mientras nos detenemos a la sombra de un árbol:
“Montes de María sufrió todos los hechos victimizantes: amenazas, secuestros, homicidios, masacres, desaparición forzada y violencia sexual. La desaparición forzada desangra la vida y el alma de cada mujer, de cada buscadora, diariamente”.
Montes de María hace parte de las CITREP precisamente por esos patrones. La guerra no fue accidental aquí. Fue estructural.
La primera parada: San Cristóbal
Llegamos a San Cristóbal, al pie del cerro Maco, en el municipio de San Jacinto. Allí, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Eladio Ariza resiste sobre 2.325 hectáreas que condensan siglos de despojo. Desde la violencia bipartidista hasta la arremetida paramilitar de los años noventa, este territorio ha sido escenario de ocupaciones, desplazamientos y silencios forzados.
Los habitantes nos reciben bajo un rancho de palma. Para ellos, estas elecciones son decisivas. Uno de los líderes comunitarios toma la palabra:
“Estas elecciones son importantes porque son legislativas. Las leyes que se promulguen nos van a regir a nivel nacional. Necesitamos que quien llegue tenga conocimiento del pueblo, del campesinado, de las comunidades negras, de la diversidad pluriétnica y rural. Pero si ese conocimiento no se traduce en decretos y leyes concretas, no vamos a avanzar ni a tener beneficios reales”.
Aura y Geovaldis escuchan. Toman nota. Luego exponen sus propuestas. No hablan de promesas genéricas: hablan de restitución de tierras, de titulación colectiva y de frenar la expansión de la palma aceitera, que ha ido cercando a las comunidades.
Mientras caminamos por San Cristóbal, la realidad se impone: afiches de candidatos tradicionales cubren paredes de bareque; grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) irrumpen en la cotidianidad.
La segunda parada: La Suprema
De San Cristóbal, el camino baja hacia La Suprema, vereda del corregimiento de Matuya, en María La Baja. Aquí la lucha tiene un nombre concreto: agua.
Durante años, la comunidad ha denunciado contaminación de fuentes hídricas, cierre de caminos reales y daños asociados a la expansión del monocultivo de palma. Empresas como Oleoflores, uno de los grupos palmeros más influyentes del Caribe colombiano, han sido señaladas por comunidades por conflictos relacionados con tierra y agua.
Después de sentarse en círculo bajo el sol, escuchar a la comunidad y presentar su candidatura, queda algo claro: la violencia no siempre necesita armas. A veces se expresa como silencio estatal, desgaste judicial y obstáculos cotidianos para ejercer derechos básicos, incluido el voto.
Campaña bajo presión
La campaña de Aura y Geovaldis avanza en medio de riesgos que se cruzan y se alimentan entre sí. No se trata solo de la amenaza armada que persiste en el territorio, sino también de barreras políticas, desigualdades económicas y obstáculos estructurales que condicionan cada paso que dan.
Montes de María sigue siendo una región con presencia de grupos armados. Informes de la Defensoría del Pueblo señalan el dominio hegemónico del Ejército Gaitanista de Colombia en varias zonas.
Geovaldis reconoce el riesgo:
“Claro que hay posibilidades de que atenten contra nosotros. He sido un líder crítico que se ha metido con las maquinarias, pero nunca me había metido en lo político electoral. Hoy hay un riesgo contra nuestra integridad y contra la integridad de los liderazgos que están haciendo pedagogía en el territorio”.
A la amenaza armada se suma la desigualdad estructural. No cuentan con maquinarias políticas ni con financiación robusta. Los anticipos estatales previstos para garantizar movilidad en zonas rurales no han sido desembolsados.
Aura lo expresa con franqueza:
“Quienes han sostenido esta campaña han sido las organizaciones, los pueblos y las ollas comunitarias. Existen limitaciones reales para la participación efectiva de las mujeres y de los liderazgos comunitarios”.
Ser mujer en política añade otra capa de dificultad:
“Ser candidata hoy implica enfrentar límites que los hombres no viven. Para nosotras aparece el peso de la maternidad, del hogar, de los cuidados”.
Una agenda nacida del territorio
Aura insiste en que su candidatura no es un proyecto individual:
“Creo que soy candidata no por ser Aura, sino por lo que representa Montes de María. Soy una mujer ribereña, campesina y negra. Esta campaña nace desde las necesidades de los territorios, para los territorios y con los territorios”.
Su agenda legislativa se estructura en cinco ejes construidos a partir de años de trabajo comunitario: tierra y territorio con justicia ambiental y enfoque étnico y de género; reparación integral; juventud y educación rural intercultural; salud mental; y seguridad humana.
“No podemos hablar de tierra sin hablar de restitución real. No podemos hablar de reparación sin incluir a las mujeres cabeza de hogar y a los sujetos étnicos. No podemos hablar de desarrollo si no hablamos de salud mental”, explica.
Por qué el mundo debería mirar
Para Geovaldis, lo que ocurre en estas elecciones tiene implicaciones que trascienden las fronteras colombianas:
“Debemos estar muy pendientes de estas elecciones en Colombia porque ya se está haciendo historia. Si no tenemos un buen equipo legislativo que piense en la vida, en la tierra, en la naturaleza y en la humanidad, el presidente que esté va a tener dificultades”.
Aura amplía el llamado mientras el sol se oculta tras los montes:
“La observación internacional en zonas rurales es supremamente importante, porque es ahí donde se pierden o se ganan las elecciones. Si contamos con agentes internacionales que puedan hacer la verificación, evitamos que jurados o casas políticas tradicionales, muchas de ellas vinculadas históricamente al narcotráfico y a clanes que operan en nuestra región, puedan robarse las elecciones”.
Para ella, la mirada internacional no solo implica observar el proceso electoral, sino comprender las tensiones políticas que atraviesan el país y las influencias externas que históricamente han pesado sobre Colombia.
“Realmente, cuando hay países o potencias mundiales como Estados Unidos, muchas veces tratan de fragmentar la democracia participativa y la democracia de los países en el mundo. Porque su lógica histórica ha sido dividir para reinar. Es decir, entre mayor fragmentación exista en los territorios, más fácilmente pueden lograr sus objetivos”.
Para Aura, lo que está en juego en estas elecciones no es solamente quién ocupará un escaño en el Congreso, sino una disputa más profunda entre dos formas de entender el país:
“La ultraderecha está utilizando todas las estrategias para decir que ellos tienen la razón y que nosotros, los negros, las negras, la gente de a pie, quienes históricamente no hemos tenido cargos de poder, no la tenemos. No han dejado gobernar con tranquilidad este período presidencial porque insisten en que la oligarquía, las élites y las mafias son quienes siempre han tenido la razón. Pero lo que han dejado es destrucción y empobrecimiento; lo que han traído a nuestros territorios es una nueva forma de esclavización”.
Pero si algo tienen claro en los Montes de María es que la resistencia no es nueva. Aura lo dice con la seguridad de quien conoce su historia:
“Los colombianos tenemos capacidades profundas de resistencia, resiliencia y persistencia. Hemos construido dignidad desde donde somos y para donde somos. Los negros y las negras hemos hecho aportes estructurales que han transformado políticas públicas y han cambiado el rumbo de nuestro país. No somos solamente cultura, música o gastronomía”.
Democracia desde lo comunitario
Mientras en las grandes ciudades la campaña se mide en vallas y debates televisivos, en los Montes de María se mide en kilómetros caminados bajo el sol. Se mide en asambleas, en memoria, en confianza. Se mide en ollas comunitarias que sostienen una campaña sin financiación.
Aquí la política no baja en helicóptero. Camina la trocha.
El próximo 8 de marzo Colombia elegirá Congreso. Pero en los Montes de María se decidirá algo más íntimo y más histórico: si la voz de quienes sobrevivieron a la guerra seguirá teniendo un asiento propio en el centro del poder, o si esa ventana se cerrará definitivamente.
Colombia intentó algo inédito: convertir la reparación en representación política. Permitir que quienes padecieron la guerra legislaran sobre el futuro. Ese experimento entra ahora en su última fase.
La pregunta que queda abierta es simple y profunda: ¿puede la representación política nacida desde las víctimas sobrevivir en un sistema atravesado por desigualdad, violencia y poder económico?
Y esa respuesta no debería ser indiferente al mundo.